Ya es oficial la prórroga a la Ley de Mediación

Luego de obtener el acuerdo de ambas Cámaras se extendió por dos años más el régimen conciliatorio, de este modo seguirá vigente hasta el 2010.

El Gobierno oficializó la Ley de Mediación mediante su publicación en el Boletín Oficial, bajo el número 26.368. El sistema mediación y conciliación obligatoria vigente desde 1995 fue prorrogado por dos años más, luego de lograr el acuerdo de ambas cámaras.
De este modo, la ley 24.573 de Mediación y Conciliación seguirá vigente hasta 2010, aunque próximamente el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa definitiva sobre esta materia, según anticipó en el recinto el senador Nicolás Fernández, quien expresó su confianza en que esta será la última prórroga de esa norma.La senadora justicialista Liliana Negre de Alonso remarcó que la mediación obligatoria "es absolutamente exitoso, especialmente para las personas de escasos recursos", y dijo que representa "un ahorro de costos para el justiciable", y que ayuda al sistema judicial, el cual "está colapsado".Puntualizó que hasta 2006 hubo 500 mil casos de mediación, de los cuales en la mitad se llegó a un acuerdo, y se evitó que fueran a juicio. Si bien los especialistas celebran la continuidad del sistema, critican que sólo se trate de una prórroga y no de un proyecto que instaure de manera definitiva el régimen de la mediación obligatoria.Sergio Abrevaya, presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) resaltó que la prórroga de la ley es “una solución transitoria” y que se han perdido dos años desde la última vez que se extendió el sistema para consagrar un régimen definitivo.Indicó que esta nueva prórroga deberá servir para reforzar la ley e incluir en una futura reforma -que instaure el régimen en forma definitiva- la experiencia que el instituto de la mediación logró recoger a lo largo de estos 12 años.Esta norma instituyó con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, con la intención de lograr la solución extrajudicial de las controversias, exceptuando casos los penales, los que tienen al Estado como parte, amparos, concursos y quiebras, entre otros.

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